El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pone de manifiesto que la narcopolítica en México no es un fenómeno reciente ni exclusivo de figuras locales. García Luna fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa, lo que subraya un patrón sistemático de corrupción en el ámbito de la seguridad.
El periodista José Reveles, especializado en crimen organizado, ha documentado cómo la Policía Federal fue utilizada por García Luna para favorecer a este cártel. Según Reveles, alrededor de 40,000 agentes estaban bajo su mando, y muchos fueron enviados a realizar labores que servían directamente a los intereses criminales del cártel, desde el tráfico de drogas hasta el homicidio de opositores.
En su investigación, Reveles menciona la advertencia de Javier Herrera Valles, excomisario de la Policía Federal, quien alertó al presidente Calderón sobre la problemática de incorporar mandos que habían reprobado exámenes de confianza. Este grupo, conocido como los “12 apóstoles”, estaba vinculado a diversas actividades ilegales y aprovechaba su posición dentro de la Policía para actuar en beneficio de los narcotraficantes. A pesar de las denuncias, muchos de estos mandos permanecieron en el poder, mientras quienes se opusieron a ellos enfrentaron represalias.
Reveles también destaca los antecedentes de la narcopolítica en México, mencionando casos históricos como el del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asociado con el Cártel de Guadalajara, y el papel del exdirector del CISEN, José Antonio Zorrilla, en el asesinato del periodista Manuel Buendía. Estos ejemplos ilustran un contexto más amplio de complicidad entre el crimen organizado y las instituciones de seguridad a lo largo de las décadas.
La situación actual provoca un nuevo cuestionamiento sobre la efectividad de las políticas de seguridad en México y si las lecciones del pasado están siendo verdaderamente aprendidas. La condena de García Luna podría señalar un posible cambio en la forma en que se aborda la relación entre el Estado y el narcotráfico, aunque el camino hacia la reparación y la justicia es aún incierto.
Con información de politico.mx