Tijuana, Baja California. - Empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California han denunciado que varios de sus compañeros, incluyendo Agentes Estatales de Investigación y Peritos, han sido privados de su derecho a recibir una pensión por invalidez. Esta situación ha persistido durante varios meses, a pesar de que los afectados contaron con el dictamen favorable de un médico del ISSSTECALI.
Datos clave
- Quién: Empleados de la Fiscalía General de Justicia de Baja California.
- Qué: Denuncian violaciones a sus derechos humanos y la falta de otorgamiento de pensiones.
- Dónde: Tijuana, Baja California.
- Cuándo: Desde hace varios meses.
- Por qué: Negativa a notificar formalmente sus dictámenes de invalidez.
Los trabajadores afirman que la Directora de Capital Humano, Lic. Mariana Romero García, y el Oficial Mayor, Mtro. Ricardo Daniel Garduño Barrera, no los han recibido cuando intentan buscar información sobre sus trámites. Esta falta de atención ha sido atribuida a supuestas instrucciones de la Fiscal General, Dra. María Elena Andrade. Los empleados están preocupados por el impacto que estas prácticas tienen en sus derechos fundamentales.
¿Qué acciones se están solicitando?
Ante la gravedad de la situación, los empleados han hecho un llamado público a la Gobernadora de Baja California y al Congreso del Estado, pidiendo que se requiera una explicación a la Fiscal General sobre las irregularidades en el proceso de pensiones. También han solicitado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría Anticorrupción investiguen estos hechos.
¿Qué consecuencias legales podrían enfrentar los directivos?
La denuncia sugiere que los directivos involucrados pueden estar incurriendo en delitos como abuso de autoridad y colusión de servidores públicos, al retener información sobre los dictámenes de incapacidad. Estas acciones no solo afectan a los empleados directamente, sino que también reflejan fallas en la gestión administrativa de la institución.
La situación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen represalias si revelan sus nombres. Este clima de temor resalta la necesidad de una respuesta clara y la protección de los derechos de los empleados de la Fiscalía.
Con información de afntijuana.info