El 28 de abril de 2022, la Fiscalía General de Chihuahua organizó un operativo para capturar a José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco. Esto tras la detención de un menor con armas y drogas. El operativo, apoyado por la Secretaría de Marina, tuvo lugar en Urique, pero terminó con un ataque armado que permitió la fuga del criminal, quien dejó tras de sí un arsenal impresionante.
Poco después de escapar, El Chueco apareció en Cerocahui y fue responsable del asesinato de varias personas, incluidos dos sacerdotes jesuitas. Este hecho causó una crisis de confianza entre la Compañía de Jesús y el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se mantenía firme en su estrategia de "abrazos, no balazos".
El pueblo, tras la masacre, fue tomado por fuerzas federales y el Ejército. Sin embargo, los habitantes se sentían aún bajo el control del cártel de Sinaloa. Durante una visita a la localidad, se descubrió una pista de aterrizaje clandestina a escasa distancia de la iglesia, lo que evidenció la continuidad de las operaciones del narcotráfico, a pesar de la presencia militar.
Información revelada en octubre de 2022 por el periódico español El País indicaba que, dos años antes de los incidentes, la inteligencia militar ya había identificado a El Chueco como un importante miembro del cártel de Sinaloa, sabiendo de su involucramiento en diversos delitos. Pese a contar con datos precisos, no se realizaron operativos efectivos, y el gobierno estatal encontró que las rutas de narcotráfico seguían operando desde Cerocahui.
El Chueco fue encontrado muerto en 2023 en Sinaloa, generando suspicacias sobre la corrupción y complicidad en la lucha contra el narcotráfico. Tras los eventos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó dudas sobre el apoyo del gobierno federal y, según algunos, tomó decisiones por su cuenta junto a la CIA para enfrentar al crimen organizado. Esto refleja un juego de poder complejo entre la seguridad estatal y federal.
Con información de eluniversal.com.mx