Amalia Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú, ha suscitado controversia al cuestionar el derecho de los peruanos en el extranjero a emitir su voto. En recientes declaraciones, Palomino sugirió que el sufragio deber ir dirigido solo a quienes residen en el país, alegando que quienes han migrado no comprenden la situación local. Esta posición se ha convertido en un tema crucial de discusión sobre la inclusión democrática y los derechos de la diáspora.
Durante una entrevista en Arequipa, Palomino expresó su preocupación respecto a que los peruanos del exterior hayan favorecido a ciertos candidatos en elecciones pasadas, lo que, a su decir, podría distorsionar la verdadera voluntad popular. En este contexto, la comunidad peruana en el exterior, que supera los tres millones, representa un importante segmento de la población que podría verse afectado por esta propuesta.
Los derechos de sufragio están protegidos por la Constitución Política del Perú, que reconoce este derecho esencial para todos los ciudadanos mayores de edad. Limitar el voto a quienes habitan en el país propondría un retroceso en la protección de los derechos cívicos, además de ser considerado como un acto discriminatorio, infringiendo principios de igualdad.
Los inmigrantes peruanos no solo participan en elecciones, sino también contribuyen a la economía nacional a través de remesas y actividades cívicas. Anualmente, envían más de 3.500 millones de dólares, siendo clave para muchas familias en Perú. Este respaldo financiero y social pone de relieve la relevancia de la diáspora en el desarrollo del país, haciendo su inclusión en el proceso electoral fundamental.
Desde un punto de vista legal, los argumentos de la diputada enfrentan un fuerte rechazo. Los tratados internacionales y la normativa nacional abogan por la participación de todos los ciudadanos en los procesos electorales. En contraste, otros países han ampliado el derecho al voto a sus ciudadanos en el extranjero, reconociendo su impacto en la vida política. Restringir este derecho, como plantea Palomino, podría acarrear graves implicaciones legales para el Perú.
Con información de infobae.com