La Administración de Estados Unidos ha aprobado un presupuesto que destina 240 mil millones de dólares a la campaña de deportaciones encabezada por el presidente Donald Trump. Esta suma incluye un incremento de 70 mil millones de dólares, que se agrega a los 170 mil millones anteriores destinados a controlar la inmigración desde julio de 2025.
La aprobación de estos nuevos fondos ha generado preocupaciones sobre la eficacia y la transparencia en su gestión. Según algunos legisladores, agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) siguen enfrentando dificultades para administrar su presupuesto. La representante demócrata Mary Gay Scanlon expresó su escepticismo sobre la necesidad de más recursos, citando la corrupción y la falta de supervisión.
Investigaciones recientes han destacado problemas graves en el uso de estos fondos. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos reveló irregularidades en el uso del dinero asignado a centros de detención. Un ejemplo es el Camp East Montana en El Paso, donde un contrato obliga a cubrir costos de alimentación y operativos por una cifra mucho mayor que la real cantidad de detenidos, resultando en despilfarros significativos.
Las condiciones de detención también han sido objeto de críticas. Detenidos han denunciado situaciones inhumanas, falta de atención médica y deficiencias en las instalaciones que ponen en riesgo tanto su bienestar como el del personal. El informe menciona incidentes alarmantes, incluyendo muertes bajo circunstancias dudosas y el trato inadecuado a personas con enfermedades graves.
La falta de reformas en el manejo del presupuesto migratorio resalta la importancia de fiscalizar el uso de recursos. A pesar del apoyo casi unánime de los republicanos, algunos miembros, como la senadora Lisa Murkowski, han expresado su preocupación por el precedente que sienta la aprobación de este financiamiento a largo plazo.
Con información de elpais.com