La oposición a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) crece en diversas ciudades de España, donde múltiples reclamos legales cuestionan su validez. Varios ayuntamientos han enfrentado sentencias desfavorables y la presión política también se intensifica, especialmente en el contexto electoral reciente.
Bilbao y Guadalajara son las últimas ciudades que se suman a la lista de localidades donde las ZBE han sufrido reveses judiciales. En Bilbao, el consistorio ha enfrentado la anulación de varias multas impuestas a los infractores. De los tres jueces que han revisado los casos, dos han rechazado las sanciones por fallos en los procedimientos administrativos.
En el caso de Guadalajara, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidió anular la Ordenanza que regulaba la ZBE, argumentando que carecía de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que justificara su implementación. Esta decisión, aunque aún no definitiva, podría tener efectos significativos en la regulación de la zona.
Las críticas hacia las ZBE resuenan con fuerza, especialmente después de que en Francia se eliminaran tras cinco años en operación por aumentar la desigualdad social. Las voces en contra señalan que estas regulaciones castigan a las clases más vulnerables que no pueden acceder a vehículos nuevos, limitando su movilidad.
Durante la campaña electoral en Andalucía, el partido Vox propuso la abolición de las Zonas de Bajas Emisiones, acusando a los partidos mayoritarios de perjudicar a familias y trabajadores. Aunque Vox no ganó las elecciones, su propuesta podría influir en las negociaciones futuras ante la posibilidad de formar coaliciones.
Con información de autopista.es