Monterrey, Nuevo León. - La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ha decidido iniciar una investigación sobre empresas y despachos de abogados relacionados con el gobernador Samuel García, quien ha sido acusado de formar parte de una red de desvío de recursos públicos.
Los legisladores que están en proceso de juicio político contra García Sepúlveda confían en una rápida evolución del caso, dado que no se ha concedido ningún amparo por parte de un juez federal. Armida Serrato, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la comisión, espera tener un dictamen final que se presente al pleno del Poder Legislativo antes del 15 de agosto, lo que puede facilitar la separación del mandatario de su cargo.
Datos clave
- Quién: Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.
- Qué: Investigación por posible desvío de recursos públicos.
- Dónde: Congreso del Estado de Nuevo León.
- Cuándo: Dictamen final esperado para el 15 de agosto.
En el documento que entregó en respuesta a las acusaciones, el gobernador manifestó su desacuerdo con la validez del proceso y presentó un escrito de 248 páginas bajo el concepto de "en rebeldía", refiriéndose a los cargos de peculado y otros delitos que se le imputan. Además, García ha argumentado que la Comisión Anticorrupción está invadiendo sus competencias.
Serrato también mencionó la posibilidad de que el Congreso asigne un abogado de oficio al gobernador, quien ha declinado nombrar un representante legal, a pesar de solicitar un defensor. Esta estrategia podría agilizar el proceso, ya que al no contar con un amparo, se pueden avanzar en las diligencias.
¿Cuáles son las acusaciones contra Samuel García?
Las acusaciones surgen por la supuesta conexión de García con actividades de desvío de recursos públicos. La Comisión Anticorrupción busca revisar información relacionada con varias empresas y despachos legales que podrían estar implicados en estos actos.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Los diputados planean solicitar más datos a las empresas involucradas para avanzar con la investigación. Se anticipa que se tomarán decisiones dentro de quince días hábiles, seguidos de cinco días para revisión, buscando sanciones aplicables si se confirma la culpabilidad del gobernador.
El proceso se desarrolla en un clima de tensión, donde se prevé una campaña mediática para desacreditar la investigación. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el destino del mandatario y el impacto de este caso en la política local.
Con información de proceso.com.mx