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Nuevo León

Nuevo León enfrenta 20 controversias constitucionales, advierte ministra

La ministra Lenia Batres alerta sobre las 20 controversias constitucionales en Nuevo León por problemas entre el gobernador y el Congreso.

Por Redacción1 min de lectura
La falta de acuerdos entre el gobernador y el Congreso genera crisis en el estado.
La falta de acuerdos entre el gobernador y el Congreso genera crisis en el estado.
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Nuevo León se encuentra en una situación crítica al ser el único estado del país con 20 controversias activas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas disputas, impulsadas por conflictos entre el gobernador Samuel García y los legisladores locales de oposición, tienen consecuencias que van más allá de lo legal, según la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Batres Guadarrama destacó que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es la adecuada y ha llevado a excesos de ambas partes. Ejemplos incluyen intentos del Legislativo por controlar nombramientos en el gabinete estatal y la negativa del Ejecutivo a publicar leyes aprobadas.

La ministra subrayó que esta falta de consenso no solo impacta en el ámbito político, sino que también carga a la Corte con una misión complicada. Aunque los ministros no deben involucrarse en actividades políticas, deben ser conscientes de las repercusiones de sus decisiones, que podrían tener efectos negativos.

Frente a esta problemática, la ministra expresó su deseo de que tanto el gobernador como los diputados locales lleguen a acuerdos y resuelvan las controversias mediante el diálogo. Considera que es urgente concluir estas disputas antes de que finalice el sexenio y resaltó que ya hubo avances en temas como el presupuesto que podrían evitar crisis más graves.

Además, Batres Guadarrama alertó que el Congreso de Nuevo León incumple con la legislación en materia de Reforma Judicial y Transparencia, siendo el único estado que no ha abordado estas cuestiones. Hizo un llamado a la ciudadanía para exigir a los diputados avances en estos temas, apuntando a la necesidad de establecer mecanismos efectivos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en el estado.

Con información de milenio.com

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