Culiacán, Sinaloa. - Francisco Javier Barrón Aguayo, secretario de Bienestar en Sinaloa, es socio fundador de la empresa Grupo del Siaric 2019, establecida en 2019 junto a Juan de Dios Gámez Mendívil, quien ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.
Datos clave
- Quién: Francisco Javier Barrón Aguayo y Juan de Dios Gámez Mendívil.
- Qué: Socios en la empresa Grupo del Siaric 2019.
- Dónde: Culiacán, Sinaloa.
- Cuándo: Empresa constituida el 31 de octubre de 2019.
- Acusaciones: Gámez Mendívil vinculado al crimen organizado por EE. UU.
El Registro Público del Comercio indica que la empresa tiene como actividad la comercialización de sal. Barrón Aguayo ha sido funcionario estatal desde 2022, pero no ha declarado su participación en esta empresa en sus informes patrimoniales.
El gobierno estadounidense ha vinculado a Gámez Mendívil con grupos criminales, específicamente al indicar su colaboración en actividades delictivas que involucran el tráfico de drogas. En respuesta a estas acusaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó medidas preventivas al bloquear las cuentas de varios funcionarios, incluyendo a Gámez Mendívil, una acción respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué significa esto para Barrón Aguayo?
Aunque actualmente no existen evidencias públicas que vinculen a Barrón Aguayo o a Grupo del Siaric 2019 con investigaciones formales, su asociación con un individuo señalado por el crimen puede poner en riesgo su reputación y posición en el gobierno. La UIF ha reafirmado su capacidad para incluir a personas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando efectúe investigaciones que justifiquen dicha medida.
¿Cuál es la situación actual de la empresa?
Hasta la fecha, no se ha recepcionado información sobre el estado operativo de Grupo del Siaric 2019. La falta de respuesta por parte del Gobierno del Estado sobre las investigaciones o el funcionamiento de esta empresa genera incertidumbre respecto a su legitimidad.
El seguimiento a estos casos es crucial para entender las interacciones entre la política y el crimen organizado en Sinaloa, así como para evaluar la efectividad de las instituciones en la lucha contra la corrupción y el delito.
Con información de revistaespejo.com