El 20 de mayo de 2026, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, continúa en la entidad, recibiendo solo protección de la Policía Estatal. Estas afirmaciones marcan un contraste con el silencio de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de la Secretaría de Gobernación, quien evadió preguntas sobre la ubicación del mandatario.
García Harfuch, durante su conferencia de prensa, indicó que la escolta de Rocha Moya se limita a la policía estatal, aclarando que no hay apoyo del Gobierno Federal en este aspecto. Este anuncio llega en un momento de creciente tensión política y cuestionamientos sobre la seguridad del gobernador.
En el mismo contexto, Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas durante la toma de protesta del General de Brigada Julio César Islas Sánchez en Culiacán. La gobernadora enfatizó la confianza que se tiene en el Ejército, destacando su compromiso honesto hacia la nación.
La preocupación por el paradero de Rocha Moya también se relaciona con la postura del gobierno federal, la cual requiere evidencias antes de actuar. Claudia Sheinbaum Pardo defendió esta estrategia, indicando que es jurisprudencia estatal exigir pruebas para la extradición, en referencia a solicitudes realizadas por EE.UU. al gobierno mexicano.
Además, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó ciertas cuentas bancarias de Rocha Moya, aunque se ha señalado que no hay una investigación formal en su contra. La Secretaría de Hacienda aclaró que las medidas adoptadas son preventivas y no implican responsabilidades penales en esta etapa.
Con información de zetatijuana.com