El Gobierno de Argentina está atento a la creciente crisis política y social en Bolivia, considerando la posibilidad de reforzar la seguridad en la frontera norte. La situación podría deteriorarse en las próximas semanas, lo que ha llevado a funcionarios a evaluar diferentes escenarios.
Fuentes gubernamentales han indicado que cualquier decisión operativa caerá bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva. Aunque se reconoce el riesgo de que la inestabilidad boliviana afecte el norte argentino, los planes de reactivar el Plan Roca, destinado a tareas de vigilancia fronteriza, no están activos por el momento.
La preocupación principal radica en el posible aumento de movimientos migratorios y la expansión de actividades relacionadas con el crimen organizado. En las últimas horas, el monitoreo de la situación ha aumentado debido a un incremento en las protestas, bloqueos y escasez de productos esenciales en Bolivia.
El conflicto se intensificó con nuevas movilizaciones organizadas por la Central Obrera Boliviana en contra del presidente Rodrigo Paz, en un contexto de cortes de rutas y desabastecimiento. Este panorama también llevó a la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, lo que agudizó la tensión política en el país vecino.
Argentina ha estado involucrada indirectamente en esta crisis. El canciller Pablo Quirno negó las afirmaciones del exmandatario Evo Morales sobre supuestos envíos de asistencia militar al gobierno boliviano. Quirno aclara que los vuelos de ayuda humanitaria son solo para el traslado de alimentos y provisiones.
Las autoridades argentinas se centran en controlar los pasos fronterizos y coordinar la circulación de personas y mercancías, manteniendo una postura cautelosa y evitando acciones que pudieran parecer exageradas. Sin embargo, están dispuestos a intensificar los controles si la situación en Bolivia afecta directamente a la frontera.
Con información de diariopanorama.com